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Santiago, 21 de septiembre 2015

Ley de Antenas chilena, entre las cinco más restrictivas a nivel mundial

Según un estudio realizado por la U. de Concepción, por encargo de Atelmo, las exigencias que impone la normativa que se implementó en el país a partir de junio de 2012 impactan en el despliegue, operación, expansión y modernización de las redes de servicio de las empresas de telecomunicaciones. El informe compara la legislación chilena con países que integran la OCDE.

ESTELA LÓPEZ GARCÍA

EL fuerte crecimiento de la telefonía y del servicio de internet móvil trajo de la mano una invasión de antenas celulares instaladas por doquier, sin mayor consideración por el impacto urbanístico, tras años de un crecimiento prácticamente sin regulación. La falta de restricción y regulación en esta área tuvo su punto de quiebre en junio de 2012, cuando tras una década de discusión parlamentaria entró en vigencia la ley de antenas que regula instalación de torres para celulares. La normativa que reduce el impacto urbanístico de estas infraestructuras también entregó facultades a los municipios para compatibilizar la demanda por más antenas y las mitigaciones que deben hacer las empresas de telecomunicaciones con las comunidades afectadas.

Al poco andar de la aplicación de la ley, las compañías dieron luces de lo restrictiva que resultaba, así como de las fuertes exigencias que implicaba cumplir con los estándares establecidos. Esto no generó mayor sorpresa, porque desde un principio las autoridades coincidieron en que para asegurar la cautela de forma preventiva de la salud de las personas se habían fijado límites para las emisiones radioeléctricas que ubicaban a Chile entre los cinco países más estrictos de la OCDE. A tres años de la puesta en marcha de la ley, la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), encargó un estudio a la Universidad de Concepción que confirmó lo que se temía: la normativa chilena es una de las más estrictas del mundo, considerando tanto los límites para la emisión de radiaciones como el proceso de consulta a la comunidad y la obligación de colocación de la infraestructura.

Este último punto tiene relación con las 222 zonas saturadas que fueron identificadas por la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) y que debían intervenir las empresas de telefonía móvil para reducir el número de infraestructura a una o dos (con previa autorización) para terminar con los llamados bosques de antenas, donde había casos de incluso 5 compañías instaladas cada una con su monoposte en un radio menor a 100 metros a la redonda. El estudio indica que “se encontró que la normativa chilena es bastante más restrictiva que la de países referentes mundiales como Alemania, Corea, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido y Suecia”.

Dado que la ley de torres y antenas obliga entre otras cosas a guardar una distancia mínima entre el sistema radiante y zonas declara das como sensibles (para el caso de colegios, hospitales, salas cunas, asilos, etc.); a generar medidas de compensación a los vecinos que se encuentren cerca de las antenas y a entregar reportes anuales de mediciones de radiación electromagnética. El estudio plantea que esta ley impacta fuertemente a la industria de las telecomunicaciones “debido a los altos estándares que se están exigiendo a las compañías en términos de la radiación que emiten al ambiente, el impacto urbanístico y económico que generan en el entorno y en las restricciones que imponen a las compañías para poder desplegar sus redes de servicio y su necesaria expansión y modernización futura”.

También se precisa que en la legislación chilena la idea de relacionar la altura de una antena con la distancia a una zona sensible no tiene sustento técnico “debido a que la densidad de la potencia medida a la altura humana promedio, disminuye exponencialmente con la altura a la que se encuentra la antena radiante. Por lo que es mejor privilegiar antenas altas en las cercanías de las zonas sensibles”. A modo de conclusión, se añade que la normativa “no incentiva la planificación de las redes futuras. La planificación de redes permitiría simplificar el procedimiento de solicitud de permisos a los operadores, evitando demoras y paralización de inversiones”.

Recuadro :
CIFRAS CLAVE

222 Las zonas declaradas como saturadas por Subtel. De estas, 43 fueron objetadas por las compañías de telecomunicaciones.

US$150 mills. Es la inversión que debieron realizar las compañías en las zonas saturadas. La solución común fue compartir infraestructura.

2012 Entró en vigencia la ley de antenas luego de diez años de discusión en el Congreso. A la fecha parlamentarios de distintos sectores políticos han presentado ocho indicaciones que piden más exigencias de la normativa.

La solución recurrente a esta problemática ha sido compartir infraestructura, dejar dos torres y botar las que ya no sirven.

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